Un gobierno pecaminoso y tiránico

Le enviamos el artículo publicado el día martes 1 de abril del 08 en el periodico: Milenio Sección: Escriben.


Roberto Blancarte

Ya suficiente tenemos con que los maleantes se dediquen a violar la ley, como para que sean los propios funcionarios responsables los que también lo hagan. Si los ciudadanos nos sentimos vejados por la creciente criminalidad en el país, el sentimiento de desprotección no se compara con el que se tiene al ver a las autoridades electas transgredir la Constitución.
El caso del gobierno de Jalisco, encabezado por el católico integrista Emilio González Márquez, es un ejemplo de ello.
Pasando por encima de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos e ignorando las leyes federales, dicho gobierno entregó 30 millones de pesos a la Iglesia católica, de un total de 90 previstos, para la construcción de un templo en el Cerro del Tesoro en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. El santuario, dedicado a algunos mártires de la guerra cristera, forma parte de los esfuerzos del arzobispado de Guadalajara por establecer una serie de templos que promuevan el culto a las decenas de recién canonizados militantes cristianos que lucharon de diversas maneras contra el régimen revolucionario y la Constitución de 1917.
Que ahora Jalisco tenga un gobernador democráticamente elegido y que éste se ponga de acuerdo con las autoridades eclesiásticas católicas para desviar recursos presupuestales hacia fines que no son legales, es una muestra tanto del revanchismo clerical como de los crecientes peligros de una parte de la nueva clase política, no sólo mocha y obtusa, sino irresponsable y abusiva, en el marco de un federalismo mal entendido.La Constitución establece claramente, en su artículo 130, el principio de separación entre el Estado y las Iglesias. Esto debería ser suficiente para que quedara claro que el Estado, desde las Leyes de Reforma de 1859, separó los negocios eclesiásticos de los gubernamentales y que ya no corresponde al Estado financiar ni mantener económicamente a las agrupaciones religiosas.
Si en más de una ocasión los gobiernos restauraron iglesias fue porque éstas eran propiedad de la nación, como lo siguen siendo todas aquellas que fueron construidas hasta 1992 y porque muchas tenían un valor artístico e histórico para los mexicanos.
Ello no impidió que algunos gobiernos populistas, como el de Luis Echeverría, apoyaran económicamente la edificación de algunos templos, como fue el caso de la actual Basílica de Guadalupe. En todo caso, desde 1992 las iglesias y los templos son propiedad de las diversas asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación y no hay ninguna razón para que los gobiernos federales, estatales o municipales desvíen recursos para dichos fines.
Lo cual no excluye, como en otros casos, los presupuestos necesarios para la restauración y mantenimiento de los templos con valor artístico e histórico, que por su misma antigüedad previa a 1992, son propiedad de la nación.
Este tema de la separación entre el Estado y las Iglesias, contrariamente a lo que se podría creer, no es un asunto de anticlericales contra la religión. Lo inventaron personajes muy piadosos y fue un elemento esencial de la llamada libertad religiosa, ahora tan promovida por la propia jerarquía católica. Fueron los revolucionarios de las colonias norteamericanas quienes, molestos por la obligación de mantener a una Iglesia oficial distinta a la profesada, desde sus primeros escritos libertarios pugnaron por la no obligación de pagar obligadamente un impuesto destinado a una Iglesia diversa de la propia. Una vez concluida la Independencia, los revolucionarios norteamericanos, precisamente con el argumento de la libertad religiosa, decidieron separar al Estado de las Iglesias, única fórmula que les aseguraría no sólo la libertad de profesar la creencia de su preferencia, sino también eliminar la ignominiosa obligación de mantener otro culto religioso. De esa manera, el Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa, elaborado por Thomas Jefferson, quien también redactaría la Declaración de Independencia, decía que “obligar a un hombre a dar contribuciones de dinero para la propagación de opiniones en las que él no cree era pecaminoso y tiránico” y que cada quien debería recompensar voluntariamente a sus pastores o no hacerlo, de acuerdo con el desempeño de su ministerio.
De manera consecuente, cuando los norteamericanos decidieron hacerle algunas enmiendas a su Constitución, la primera de ellas dejó claro que el Congreso no podría establecer ninguna religión como oficial, lo que equivalía precisamente a separar las Iglesias del Estado en función de la propia libertad religiosa.La separación entre el Estado y las Iglesias no tiene entonces una razón antirreligiosa.
Por el contrario, está destinada a proteger la libertad de creencias y a evitar que los ciudadanos terminen, como diría Jefferson, de manera pecaminosa y tiránica, contribuyendo a la propagación de opiniones en las que no creen. Eso es lo que está haciendo el gobernador de Jalisco sin que hasta ahora el gobierno federal, responsable de la política en materia religiosa, haya intervenido de manera decidida para frenar esta violación a las leyes, a la Constitución y a la conciencia de los ciudadanos.